El atraso mexicano I

El problema

Desde que en los años 80 comenzaron a aplicarse sistemáticamente las políticas de ajuste macroeconómico en México, hemos sido testigos de un proceso marcado por la desincorporación de empresas públicas y por la retirada del intervencionismo estatal de muchas de las principales actividades económicas que sostuvieron al país desde mediados del siglo pasado.

La razón que se esconde detrás de estos cambios en el papel del Estado en la economía no podría entenderse si no consideráramos la importante función que ha cumplido la deuda en este viraje.

En México durante muchos años la inversión pública se financiaba mediante el instrumento fiscal conocido como encaje legal (que no es otra cosa que la retención, por parte de la autoridad hacendaria, de capital circulante en el sistema bancario), medida que también permitió el control inflacionario durante el periodo 1954-1968.

Sin embargo, el boom petrolero de inicios de la década de los 70 inundó al mercado mundial de capital con créditos baratos que resultaron muy atractivos para países en desarrollo. México contrató muchas de estas líneas de crédito basado en la creencia de que el petróleo era garantía suficiente, historia que volvería a repetirse en los años 80; y aunque tanto la primera como la segunda oleada de créditos acabaron en profundas devaluaciones que multiplicaron el nivel de la deuda, poco se hizo para conservar el encaje legal como mecanismo de financiamiento y paulatinamente fue sustituyéndose por el crédito exterior y por la especulación financiera mediante la venta de bonos del gobierno.

Actualmente esta política ha desgastado económica y socialmente al país, a pesar de que se siguieron fielmente las recomendaciones de ajuste del FMI y del BM y los lineamientos contenidos en el Consenso de Washington.

Recientemente un grupo de académicos y políticos elaboraron una serie de artículos para una revista mexicana en la que dan sus puntos de vista sobre aquellos aspectos que consideran han detenido el despegue económico del país, aunque en la mayoría de dichos diagnósticos coinciden en un solo criterio: la economía mexicana necesita inversión. De acuerdo, pero ¿Cómo financiarla? ¿Hacia dónde dirigirla? Y finalmente ¿Cómo lograr el repunte económico nacional?

La propuesta

Durante la gestión de Antonio Ortiz Mena al frente de la Secretaria de Hacienda (1954-1968) se elaboraron una serie de propuestas de reforma fiscal que ayudarían a aumentar los ingresos del gobierno con los cuales se pretendía fortalecer el intervencionismo y la inversión pública.

 Sin embargo, dichas propuestas jamás fueron aprobadas, pues los opositores alegaban incapacidad para cubrir las disposiciones fiscales que contenía la reforma y afirmaban que aún se necesitaba impulsar el desarrollo del capital en México antes de imponer gravámenes que detuvieran el avance de las inversiones privadas.

Posteriormente, durante el gobierno de Luis Echeverría también se intentó aumentar la base impositiva del gobierno para apuntalar sus programas de inversión. En esta ocasión la oposición se declaró abiertamente, y sin más discusión, en contra de la reforma fiscal propuesta por el entonces presidente.

Esta historia se ha venido repitiendo con cada una de las reformas fiscales que se han propuesto. Aunque después del cambio en el papel del Estado y de su intervencionismo en la economía, las principales oposiciones a cualquier reforma que intente aumentar la base grabable han provenido del mismo gobierno, que actualmente considera las facilidades fiscales como un factor más de competitividad que vuelven atractivo al país a los ojos de los inversionistas extranjeros.

El resultado de tal política ha llevado al país a tener ingresos fiscales equivalentes al 12% de su PIB, cantidad que resulta inferior al promedio de los países que integran la OCDE; de los cuales el 40% proviene de PEMEX, lo que en última instancia le suma vulnerabilidad a la economía mexicana frente a los altibajos del precio del petróleo.

La deficiencia de la estructura de recaudación fiscal ha detenido la inversión pública provocando un lento desarrollo en la tasa de formación de capital físico, un 4.4% en el periodo 2000-2008 mientras que en los años que van de 1960 a 1981 la tasa creció 7.3% (Ros, 2011). Lo anterior ha impedido la modernización de la capacidad productiva así como la poca generación de empleos.

La inversión privada, por su parte, ha dejado de llegar al proceso de producción debido, entre otras cosas, a las elevadas tasas de interés y a los plazos inaceptables para las medianas y pequeñas empresas (Moreno, 2011), de manera que el financiamiento es caro y se ofrece mediante cortos plazos de amortización lo que provoca que “en México solo 11% de las empresas cuentan con una línea de crédito, mientras que en Brasil el porcentaje es de 65% y en Perú de 70%” (De la Mora, 2011). Así el nivel de crédito (en México) solo representa el 21% del PIB, mientras que en India y Brasil alcanza el 30% (Videgaray, 2011).

Por lo anterior, se propone una mayor inversión, financiada con ingresos públicos posibles solo mediante una verdadera reforma fiscal y con el mejoramiento del sistema de intermediación financiera que haga posible el acceso a crédito.

Pero ¿dónde invertir? Para Graybeal y Weintraub (2011) lo mejor sería invertir en educación, para Ros (2011) lo conveniente sería la inversión en infraestructura, mientras que para Moreno (2011) lo importante no es donde invertir sino solo mejorar la productividad, precisamente con mayores volúmenes de inversión. Pero el hecho de invertir solo en infraestructura sin mejorar la capacidad técnica del trabajador solo apuntalaría la inflación, y de solo invertir en educación se estaría capacitando personal en vano, pues no habría capacidad instalada para absorber el incremento de la mano de obra calificada; de manera que la mejor inversión seria una que equilibrara el desarrollo de infraestructura y permitiera alcanzar los mejores niveles de educación, lo que finalmente redundaría en un aumento de la productividad.

Estas mayores inversiones en infraestructura y educación estarían guiadas por una política de largo plazo bien definida y orientada a fortalecer la producción nacional (De la Mora, 2011) elevando la complejidad tecnológica de sus procesos manufactureros mediante la innovación y el desarrollo sectorial (Moreno, 2011).

Para impulsar el desarrollo sectorial sería necesario mejorar el pobre marco regulatorio en México para impedir que la acción monopólica actuara en detrimento de la competitividad del mercado interno (Weintraub y Graybeal, 2011). Actualmente México ha descendido de la posición 44, que obtuvo en 2001, a la posición 66 en el Ranking de Competitividad Global, que publica el Foro Económico Mundial.

En términos de competencia en el mercado internacional, México ocupa los últimos lugares en indicadores estratégicos en la materia de entre 139 países. Para revertir esta tendencia sería necesario consolidar el aparato exportador, con mayores perspectivas competitivas y efectos multiplicadores (De la Mora), favoreciendo además un mayor eslabonamiento con proveedores locales, y contar con la participación decidida de nuestras autoridades diplomáticas en apoyar a las empresas mexicanas a hacer negocios en el mundo (Rogozinski, 2011)

Pero, ¿es todo esto posible?